La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) subrayó que el reconocimiento de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, sino una condición indispensable para su ejercicio pleno, y un mandato jurídico obligatorio, derivado del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos.
Tras la decisión del gobernador Mauricio Kuri de vetar la llamada ley de identidad de género, la DDHQ señaló que, si no se reconoce el derecho a esa identidad, las personas se enfrentan a una contradicción cotidiana, porque “existen en la vida social, en sus familias y en sus comunidades, pero en el Estado no tendrían un reflejo que las reconozca tal como son”.
En un pronunciamiento público, la DDHQ abundó que atender esa brecha “es una obligación jurídica derivada del parámetro de control de regularidad constitucional que vincula a todas las instituciones del Estado mexicano”, y recordó que este mismo organismo impulsó la iniciativa de ley que ahora rechaza el Poder Ejecutivo estatal.
La Defensoría dijo que participó, con plena conciencia del marco normativo, durante el acompañamiento técnico y jurídico permanente para la construcción de la ley de identidad de género. Además, reiteró que el derecho al libre desarrollo de la personalidad impone al Estado la obligación de garantizar que toda persona pueda ver reconocida su identidad sin más límite que su propia dignidad.
“Ese acompañamiento no concluye con la aprobación de la ley, continúa en cada etapa que el proceso legislativo demande. Es importante que el debate público se sostenga sobre el contenido del proyecto de ley aprobado”, puntualizó la Defensoría, al agregar que se reservará “un pronunciamiento más específico sobre las observaciones una vez que sean conocidas en su integridad”.